Concursos para Micropymes y Autónomos

Como su propio nombre indica, el Plan de Continuación implica seguir con la actividad empresarial sin necesidad de liquidar bienes.

En el Plan de Continuación se puede solicitar:

1. La suspensión de ejecuciones: Recogida en el artículo 701, por el que el deudor podrá solicitar la suspensión de las ejecuciones, mediante un formulario normalizado.
2. Un procedimiento de mediación: Recogida en el artículo 702, por el que se nombra a un mediador concursal, cuya finalidad es negociar un Plan de Continuación entre deudor y acreedores, con una duración máxima la negociación de 10 días hábiles.
3. La limitación de facultades de administración y disposición del deudor: Recogida en el artículo 703, por el que se limita las facultades de administración y disposición del deudor que se encuentra en una situación de insolvencia actual, impidiéndole la gestión de la empresa.
4. Nombramiento de un experto en reestructuración: Recogida en el artículo 704, por el que se nombra a un experto en reestructuración que tiene facultades de disposición y administración de los bienes del deudor, teniendo facultades de propuesta del Plan de Continuación.

El Plan de Reestructuración es un instrumento pre-concursal cuya finalidad es evitar la insolvencia o superarla, siempre que el deudor se encuentre en estado de probabilidad de insolvencia, es decir, cuando no va a poder cumplir con las obligaciones que venzan en los próximos dos años, y la empresa sea viable.

Ello no evita el derecho de los acreedores de solicitar el concurso.

En cualquier momento del procedimiento, el deudor, o los acreedores que representen el 20% del pasivo, podrán solicitar que se nombre a un experto en reestructuración, con funciones de intervención o de sustitución de las facultades de administración y disposición si los acreedores representan el 40% del pasivo.

El experto en reestructuración propondrá un Plan de Continuación y es nombrado por el deudor y los acreedores que representen más del 50% en el plazo de 5 días.

Sin embargo, si un número determinado de acreedores pide la conversión a un procedimiento de liquidación, se podrá cambiar el cauce del proceso.

El plan de liquidación significa la venta de patrimonio a fin de saldar el máximo de deudas posibles.

Este procedimiento se inicia por el deudor o los acreedores cuando se de una de las siguientes circunstancias:

• 1) No se haya aprobado o no se haya homologado el Plan de Continuación.
• 2) Por defecto, si no se presenta en el plazo (tras la solicitud de abertura) ningún plan de continuación.
• 3) Se ha incumplido un plan de continuación.
• 4) Cuando el deudor no está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y seguros sociales, es decir, la deuda pública de la empresa es de un 85% respecto al total.
• 5) Haber incumplido los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.
• 6) Proporcionar información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones.

El Plan de Liquidación expone la manera en cómo se liquidarán los bienes, clasificando cada tipo de bien y priorizando la venta unitaria del establecimiento o unidades productivas. Es por dicho motivo que también contendrá una valoración de la empresa o unidades productivas hecha por un experto o bien por el administrador concursal.

En este procedimiento se puede solicitar:

• La suspensión de ejecuciones, que podrá solicitar el deudor mediante un formulario normalizado.
• Nombramiento de un administrador concursal.
• Nombramiento de un experto para la valoración de empresa.
• En este procedimiento, la participación del deudor requiere la asistencia de abogado y procurador.

Todos los actos procesales se realizan telemáticamente y los actos de comunicación, mediante los formularios electrónicos normalizados.

En el supuesto de un trabajador autónomo que se acoja al procedimiento para Microempresas, y siempre que se ajuste a los criterios que deben cumplir las microempresas para tener tal consideración, el proceso será el mismo.

Ahora bien, el trabajador autónomo, a diferencia de la sociedad, podrá pedir, tras la liquidación, la exoneración de deudas para evitar responder por un período ilimitado de tiempo de los pagos no satisfechos.

Hay que recordar que las sociedades únicamente responden ante los créditos pendientes con el patrimonio de la empresa, mientras que una persona física lo hace con todos sus bienes, ya sean presentes o futuros.

Por otro lado, los autónomos que no hayan formado sociedad no están obligados a acudir al procedimiento especial para microempresa, sino que pueden recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad de manera inmediata.

En el caso del autónomo tiene fase de calificación, pero únicamente si hay liquidación y dentro de los 60 días tras liquidar los bienes.

La calificación principalmente implica el análisis de la culpa grave del deudor en su estado de insolvencia o bien la ocultación de bienes.

Aunque el procedimiento especial para microempresas tiene calificación, es preciso que sea solicitado o por los acreedores o por los socios responsables de las deudas sociales.

El procedimiento especial es económico y rápido, por lo que no es esencial contar con un administrador concursal ni con un mediador.

Aun así, si el 20% o el 10% (el 10% en caso de que el deudor hubiera suspendido su actividad empresarial o profesional) de los acreedores lo solicitan, se nombrará a uno. Los acreedores serán los encargados de pagarle la retribución. Por otro lado, si lo solicita el deudor, asumirá él el coste (art. 713 LC).

En conclusión, el procedimiento especial para microempresas nos aporta una solución rápida, eficaz y más asequible para solventar de manera efectiva los problemas económicos de nuestra empresa o bien una liquidación rápida si nuestro negocio ha dejado de ser viable.